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La ex presidenta municipal de San Felipe Tejalápam, María Anita R.P., fue vinculada a proceso por la presunta comisión del delito de violencia política contra el síndico de ese ayuntamiento, a quien habría privado de su libertad mientras ejercía el cargo.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de la persona identificada con las iniciales M.A.R.P.

Los hechos ocurrieron durante mayo de 2025, cuando la imputada fungía como titular de la presidencia municipal.

La víctima, identificada con las iniciales B.O.H.M. y entonces síndico municipal, fue presuntamente privada de su libertad en circunstancias que, según la carpeta de investigación, afectaron directamente el ejercicio de su cargo.

Para obtener el auto, la FEDE realizó entrevistas, inspecciones, análisis de información y dictámenes periciales especializados que sustentaron la teoría del caso ante el juez, quien previamente había librado la orden de aprehensión correspondiente.

El auto de vinculación abre formalmente el proceso penal en la etapa intermedia del sistema acusatorio, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de la imputada quien sigue su proceso en libertad.

San Felipe Tejalápam es un municipio de la región de Etla que se rige por sistemas normativos indígenas.

En noviembre de 2025, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) validó la elección de nuevas autoridades comunitarias en el municipio para el periodo 2026-2028, lo que indica que la administración de la imputada corresponde al ciclo anterior.

Según datos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), en las denuncias por violencia política en la entidad, se identifica entre las conductas documentadas la privación de libertad por ejercer un cargo, las amenazas, el hostigamiento y la violencia física.

La FGEO reiteró su compromiso con la protección de los derechos político-electorales y con la persecución penal de conductas que vulneren el libre ejercicio de los cargos públicos.