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Las diputadas federales del Partido del Trabajo (PT) Margarita García y Aracely Cruz Jiménez rompieron la mesa de diálogo que sostenían con la Secretaría de Movilidad de Oaxaca (Semovi) y los concesionarios de taxis foráneos, mientras los transportistas permanecen concentrados en el zócalo de la capital y amagan con nuevas protestas.
La ruptura se dio luego de que Semovi rechazó esta tarde que los taxistas foráneos vayan a recibir autorización para ingresar a calles del Centro Histórico.
Esto, después de que Cruz Jiménez sostuvo al mediodía que se elaboraría un circuito que consideraría algunas vialidades del centro de la ciudad y cercanas a la Central de Abasto para dar acceso a los operadores.
La dependencia estatal indicó que, junto con los ruleteros y sus representantes, ha buscado alternativas para mitigar la inconformidad del gremio, entre ellas cuadrantes en áreas contiguas a la Central de Abasto.
Se trata de espacios en la periferia, sobre el Periférico, en las riberas del Atoyac o en la Diagonal de Mercaderes.
Semovi puntualizó que, mientras se definen opciones consensuadas, “los transportistas se comprometen a no establecer bases ni ingresar al Centro Histórico”.
De acuerdo con la minuta de la mesa de trabajo sostenida la noche del 8 de julio, en ese encuentro se discutieron ampliamente las opciones disponibles, entre ellas abrir cuadrantes sobre el Periférico o espacios en la zona de la Central.
También se consideraron las Riberas del Atoyac y la Diagonal de Mercaderes para los transportistas.
El acuerdo alcanzado fue revisar los planteamientos y celebrar una nueva reunión el 9 de julio a las 14:00 horas para definir los acuerdos correspondientes.
El conflicto se inscribe en el programa de reordenamiento vial Sicarú Lula’ Linda Oaxaca, que desde finales de mayo restringe el ingreso de unidades foráneas al primer cuadro de la capital.
Semovi ha señalado que el proyecto ha integrado 338 sitios de taxis y que se han realizado 42 reuniones de diálogo con el sector.
Las diputadas del PT que asumen una postura político electoral han calificado el reordenamiento como una imposición sin sustento técnico.
Cruz Jiménez ha afirmado que los estudios que justificarían el plan aún están en construcción.
La legisladora ha exigido al gobierno estatal que consulte a los pueblos indígenas antes de aplicar la medida.
El gobierno de Salomón Jara ha replicado que las protestas han sido politizadas por el PT con miras a las elecciones de 2027.
Los concesionarios, por su parte, insisten en que su movimiento es apartidista y que la mesa de diálogo debe continuar hasta lograr un acuerdo definitivo.
