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Jaime GUERRERO
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXIV Legislatura, Magaly López Domínguez, exhortó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez, a establecer de manera urgente las medidas sanitarias que sean necesarias en las instalaciones del Poder Judicial del Estado para garantizar el acceso y la atención al público en condiciones de seguridad frente al riesgo de contagios por Covid-19, tanto para sus trabajadoras y trabajadores, como para las personas que necesiten acudir a esos espacios.
En la víspera, se polemizó entrono que se les descontó el 10% del salario de jueces, magistrados y mandos medios, para adquirir equipo y donarlo a hospitales. El caso cobró más relevancia cuando se ventiló que el Juez Penal de Control del Juzgado de Salina Cruz, Alejandro Acevedo Zarate, dio positivo al covid-19 y tras días de gravedad falleció.
Éste miércoles, a través de un punto de acuerdo presentado durante la sesión de la diputación permanente (sin ser leído) la diputada de Morena, acusó que el Poder Judicial de Oaxaca desarrolla sus actividades sin dotar a sus trabajadoras y trabajadores de los insumos de higiene personal necesarios para hacer frente a la posibilidad de contagiarse.
De la misma forma que, no se ha realizado sanitización alguna de los juzgados, ni se cuenta con protocolo sanitario alguno para el acceso de la gente que ahí acude a tratar asuntos urgentes.
López Domínguez, reprochó que a jueces, secretarios se les descontara el 10 por ciento del salario para donar equipo médico, mientras que al personal se no les otorga equipo de protección personal, sino que cada empleado tiene que comprar sus propios cubrebocas y guantes.
En el documento, la diputada de Morena, expone que desde el pasado 6 de abril, mediante acuerdo conjunto entre el Tribunal y el Consejo de la Judicatura, fueron suspendidas las actividades regulares del Poder Judicial, reduciendo sus labores a la atención de los trámites y asuntos de carácter urgente.
Para ello, se estableció un sistema de guardias físicas rotativas en cada uno de los juzgados familiares o los mixtos que conozcan de materia familiar, así como en todos los órganos administrativos dependientes del Poder Judicial del Estado.
“Esto se entiende porque efectivamente habrá asuntos que requieran de la atención de los juzgados, aun a pesar de la contingencia”, concede en el punto de acuerdo.
Sin embargo, criticó que en el actual contexto resulta criminal desarrollar tareas que impliquen la presencia física del público, sin tomar las medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad no sólo del personal del propio Poder Judicial del Estado, sino también del resto de las personas que por necesidad se ven obligadas a acudir a sus instalaciones en todo el estado de Oaxaca.
