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Jaime GUERRERO
En lo que va de la emergencia sanitaria por el COVID19, van 7 denuncias ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), contra autoridades municipales y actores políticos por el presunto uso de recursos públicos para promocionar su imagen con fines electorales, al entregar despensas y apoyos durante la pandemia del COVID19.
De acuerdo a la Consejera Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEPCO, Carmelita Sibaja Ochoa, en contra de la autoridad municipal de Nochixtlán, existen tres denuncias; contra la autoridad de Soledad Etla 1; mientras que se han iniciado de oficio 1 contra las autoridades de Santo Domingo Tehuantepec, 1 contra Santa Lucia del Camino; y 1 más contra la autoridad de San Jacinto Amilpas.
En el caso del presidente de Santa María Huatulco, Giovanni Gonzales, señaló que tendrían que revisar las conductas en que incurrió el edil costeño. Y es que el edil de Huatulco, ha promocionado su imagen a través de videos que promueven en redes sociales y en los cuales se obliga a las beneficiarias a agradecer el apoyo alimentario al edil. Además difunde la imagen de su administración.
Por lo pronto, Sibaja Ochoa, informó que un caso ya concluyó en un procedimiento ordinario sancionador, el resto están en etapa previa y se realizan investigaciones por violaciones a la norma electoral.
En medio de la polémica que ha generado casos de legisladoras locales, alcaldes y concejales que hacen entrega de despensas a habitantes de los distritos y municipios que representan o gobiernan, recordó que el Consejo General del IEEPCO, aprobó un acuerdo para exhortar a los actores políticos, para que se abstengan de realizar actos de proselitismo en relación a la propagación de COVID-19.
Los consejeros, advirtieron a los actores políticos que pueden ser acreedores a sanciones que van desde la amonestación hasta la cancelación del registro como Partido Local o pérdida del registro de la candidatura para aquellos ciudadanos que pretendan acceder a un cargo de elección popular, además de que pueden ser sujetos a procedimientos de fiscalización o penales.
Sibaja Ochoa, demandó a los actores políticos, a conducir sus actividades dentro de los cauces legales.
Abstenerse de todo tipo de propaganda electoral; nombres, colores, imágenes, sonidos o cualquier distintivo que implique el nombre de personas, asociaciones, sociedades, empresas, sindicatos, confederaciones, administraciones municipales o partidos políticos, en caso de distribuir productos básicos o de salud, independientes de programas sociales, a la ciudadanía.
De la misma forma, abstenerse de recurrir a cualquier acto que tenga por objeto o resultado poner en riesgo la salud y orden público.
Evitar, cualquier expresión o acto que implique promoción personalizada en medios de comunicación que tomen como base para su justificación la pandemia de COVID-19.
En el caso de los partidos políticos, les demandó ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado Democrático.
No obstante, reconoció que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entendiendo como tales aquellas intervenciones comunitarias definidas en la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de COVID-19.
