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Ariadna Mendoza

A un mes del homicidio de 15 indígenas Ikoots de la agencia municipal de #HuazantlánDelRio, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar en el #Istmo de #Tehuantepec, los deudos continúan reclamando justicia ante el artero crimen en el que 13 hombres y 2 mujeres fueron torturados y quemados vivos el pasado 21 de junio del presente año.

Este martes, algunos sobrevivientes y familiares de los occisos llegaron a palacio de Gobierno para exigir al Gobierno del Estado, al Gobierno Federal, a la Fiscalía General, a la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca #DDHPO, así como a la Comision Nacional de Derechos Humanos #CNDH, condenen la masacre de Hauzantlán del Río así como castigo a los culpables, responsabilizando directamente al agente municipal José Luis Chávez Salinas, Laura Fiallo Sandoval e Ivan Mateos López, pues aseguran a más de un mes de los hechos violentos la Fiscalía General de Oaxaca #FGE, a cargo de Rubén  Vasconcelos Méndez, “ha frenado el avance de las investigaciones por la presión de funcionarios públicos y organizaciones no gubernamentales que apoyan al agente municipal, José Luis Chávez Salinas”.

Asimismo, una de las sobrevivientes, María del Rosario Guerra Salazar pidió justicia, y que las autoridades actúen pronto, dado que han pasado 2 meses, desde el 5 de mayo que llegó un grupo de mujeres a interponer una denuncia por privación de su libertad y haber sido violentadas física y psicológicamente, acudiendo a la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y en donde aseguran no se les brindó la medidas cautelares que exigían, dando como resultado la muerte de su compañera Okas Rangel Oviedo, a lo que hoy demandan imparcialidad, pues aseguran temen por sus vidas.

Entre sus demandas esta; la intervención urgente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la investigación de los delitos, la salida y suspensión de los funcionarios inmiscuidos en la masacre señalando directamente a José Luis Chávez, transparentar las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República y del Estado dado que los involucrados continúan ejerciendo el poder en Huazantlán del Río, que se ejecuten las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía, garantizar auxilio a las víctimas reales y justicia inmediata para los ofendidos y las víctimas.