Jaime GUERRERO
Sin fijar fecha, hora y con la ausencia de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN), con 24 votos, diputados de la bancada de Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT); y la autollamada “Mujeres Independientes”, aprobaron citar a comparecer al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rubén Vasconcelos Méndez para que rinda cuentas sobre la impunidad en Oaxaca y violencia contra las mujeres.
La propuesta fue presentada por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio, para que informe sobre las medidas y actuaciones que ha desplegado a efecto de cumplir con el Dictamen CCPR/C/127/D/2760/2016 aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se estableció la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición del joven estudiante de la UNAM Jesús Israel Moreno Pérez.
Así mismo, por la violación a sus derechos humanos y a los de sus familiares consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, así con la resolución emitida dentro del Juicio para la Protección de Derechos humanos, radicado bajo el número de expediente 09/2018 por el incumplimiento a la Recomendación 13/2016 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Por lo pronto, exhortó al Fiscal General del Estado de Oaxaca para que a la brevedad posible se pronuncie respecto a la solicitud hecha por los familiares y el colectivo que acompaña el caso de Moreno Pérez, sobre la declinación de la competencia en favor de la Fiscalía General de la República por lo que hace a la investigación por la desaparición de Jesús Israel, sin que ello implique que la fiscalía del estado incumpla con su obligación de iniciar y concluir las investigaciones por los delitos en los que pudieran estar involucrados los servidores públicos estatales en relación a los delitos de destrucción de pruebas y confesiones bajo tortura.
De acuerdo al punto de acuerdo aprobado con 24 votos a favor, el caso deja al descubierto, el alto grado de impunidad e inoperancia e ineficacia de la institución encargada de procurar justicia, así también muestra el desprecio por el dolor y sufrimiento por el que atraviesan los familiares de las víctimas de desaparición y desaparición forzada, pues pese a que distintas instituciones se han pronunciado y han evidenciado el cumulo de violaciones a los derechos humanos en torno al caso de la investigación por la desaparición de Jesús Israel, hasta la fecha no existen avances sustanciales que puedan dar luces sobre el paradero del joven estudiante.
La bancada de Morena que en su conjunto impulso ese punto de acuerdo, señaló lejos de tener acceso a un recurso sencillo y rápido, llevan ya 10 años denunciado irregularidades y violaciones a los derechos humanos dentro del proceso de investigación que van desde, la destrucción y perdidas de evidencias, tortura, avalúo virtual de objetos inexistentes y no reconocidos por los familiares, una autopsia verbal sin cadáver y construido por relatos contradictorios y Rastreo Hemático con resultados negativos, hasta amenazas al padre del Jesús por servidores públicos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Fue el 4 de julio de 2011 cuando Jesús Israel, estudiante de geografía de la UNAM, viajó del Distrito Federal a Oaxaca con la finalidad de conocer Monte Albán y Puerto Escondido; la última comunicación que tuvo con su familia fue el día ocho de julio de ese mismo año, día en que le habría avisado a su padre Carlos Moreno Zamora que había llegado a Chacahua.
Después de ello su padre no tuvo más noticias de él, por lo que el ocho de agosto de dos mil once Carlos Moreno se trasladó a Oaxaca para buscarlo, recorriendo los lugares que visitó su hijo, también en esa fecha presentó denuncia por la desaparición de su Jesús Israel en el Centro de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), iniciándose el expediente 644/EXT/2011.
El 10 de agosto de 2011, Carlos presentó denuncia por la desaparición de su hijo ante el agente del Ministerio Público de Río Grande, San Pedro Tututepec, Oaxaca, por lo que se inició la averiguación previa 176/RG/2011, en los primeros días de septiembre de ese año Carlos viajó a Oaxaca para conocer los resultados, pero el Agente del Ministerio Público encargado de la investigación, le dijo que por falta de dinero para gasolina no había realizado las investigaciones, ante lo cual Carlos continuó con sus propias investigaciones para localizar a su hijo, dando como resultado que el ocho de septiembre de dos mil once ubicó el chip y el celular de su hijo, así como a las personas que lo tenían, quienes le manifestaron que el teléfono lo habían encontrado en el basurero de Jamiltepec, el señor Carlos también localizó la mochila y pertenencias de su hijo, las cuales entregó al agente del Ministerio Público.
El 22 de diciembre de 2011, los entonces Procurador General de Justicia del Estado y Subprocurador para la Atención de Delitos de Alto Impacto, le habrían informado a Carlos que su hijo había sido asesinado durante un robo y tenían detenidos a cuatro probables responsables, sin embargo, para Carlos la integración de la averiguación previa estuvo plagada de diversas irregularidades
A todo esto, se suma que las personas señaladas como probables responsables, al rendir su declaración preparatoria en el expediente penal correspondiente, dijeron haber sido coaccionados y torturados para declarar. De esto se sabe que, el once de enero de dos mil trece se inició el procedimiento correspondiente en contra de todos los funcionarios que intervinieron en las investigaciones. En enero de dos mil doce el señor Carlos, presentó otra denuncia ante la Procuraduría General de la República, la cual para el año 2014 seguía en trámite.
El 16 de noviembre de 2016, una vez que había agotado el proceso de investigación la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitió la Recomendación 13/2016 , en la que se acreditaron graves violaciones a los derechos humanos
Ante el incumplimiento por parte de la fiscalía de la Recomendación 13/2016 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, el Organismo protector acudió a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, promoviendo el Juicio para la Protección de Derechos humanos en favor de Moreno Pérez.
En un resolutivo el Poder Judicial, se condena al Fiscal General del Estado, Vasconcelos Méndez, al cumplimiento de la Recomendación 13/2016, para lo cual debe informar del cumplimiento dado a dicha resolución, sin embargo a decir de los familiares y abogados que acompañan el caso de la desaparición de Jesús Israel, al día de hoy no han recibido información que demuestre que el fiscal esté cumpliendo con la sentencia.
El día 29 de noviembre de 2019 el Comité de Derechos Humanos de la ONU (en adelante el Comité) a través del dictamen CCPR/C/127/D/2760/2016, estableció la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de Jesús Israel Moreno Pérez y en la violación a sus derechos humanos y a los de sus familiares consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, sin embargo, a la fecha ha incumplido con sus obligaciones internacionales, ignorando el plazo de 180 días otorgado por Naciones Unidas para informar sobre los avances.
En tanto, a propuesta de la diputada de la bancada de MI, Aleyda Serrano Rosado, en la pretendida comparecencia Vasconcelos Méndez, pidió que informe sobre los casos de violencia contra las mujeres.
Aprobado el punto de acuerdo, corresponderá a la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, determinar la hora y la fecha de la comparecencia del titular de la Fiscalía General de Estado, de no concretarlo se quedará en la congeladora de ese órgano de gobierno del Poder Legislativo.
