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Jaime GUERRERO
La bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso de la ejecución del líder del Frente Popular Revolucionario (FPR). Tomás Martínez Pinacho, así como de otros 23 asesinatos contra militantes y simpatizantes de Morena cometidos de enero de 2015 a la fecha.
A través de un punto de acuerdo aprobado por el pleno, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio, hizo públicas sus condolencias y solidaridad con la familia del también regidor de desarrollo rural de Miahuatlán de Porfirio Díaz), activista y simpatizante de Morena, ejecutado el pasado 24 de agosto.
En el punto de acuerdo, piden garantizar la investigación de los posibles móviles políticos en cada uno de ellos y llevando ante la justicia a los autores materiales e intelectuales.
Sosa Villavicencio resaltó que el asesinato de Tomas Martínez se suma a una ya larga lista de otros cometidos contra activistas sociales.
Lista que donde están incluidos militantes, dirigentes y candidatos de Morena, sobre los que persiste la impunidad.
Recordó que el 30 de junio pasado el Grupo Parlamentario de Morena propuso al pleno legislativo un punto de acuerdo.
Ahí se exhortó a la Fiscalía General del Estado a atraer los casos de los crímenes cometidos contra militantes y dirigentes de Morena en Oaxaca.
También, pidieron al gobernador remover del cargo al fiscal general del Estado, por no cumplir con las obligaciones de su encargo, lo cual no sucedió.
Al contrario, el propio fiscal Rubén Vasconcelos Méndez informó que de 23 homicidios contra políticos cometidos en el contexto electoral, solamente en dos de ellos se incluye la política como una de las líneas de investigación.
Señaló que con dichas cifras resulta evidente que la Fiscalía de Oaxaca descartó el móvil político en la mayoría de los casos, sin haber investigado previamente.
Es decir, buscó eliminar el perfil político de los casos.
Entonces, “resulta claro, que mediante las investigaciones locales será imposible acceder al derecho a la verdad.
“Y al dejar de garantizar una investigación seria, pronta, expedita e imparcial que permita llevar a los responsables ante la justicia, el fiscal de Oaxaca incumple con sus obligaciones constitucionales y vulnera el derecho de las familias de las víctimas”, expresó el legislador.
Añadió que la inacción del fiscal de Oaxaca vulnera el derecho a la justicia.
Y al dejar en la impunidad crímenes cometidos por motivos políticos, vulnera también la capacidad colectiva de decidir el rumbo de la sociedad, establecida en el derecho internacional de los derechos humanos en el conjunto de garantías conocidas como derechos civiles y políticos.
