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Jaime GUERRERO
Era temporada de roscas de reyes. Los panaderos de Tlacolula de Matamoros —ese pueblo donde el olor a pan recién horneado se mezcla con siglos de tradición— esperaban con ansias las ventas que les permitirían sostener a sus familias después de las fiestas.
Entonces sonó el teléfono.
“Como parte de algún alineamiento les venimos a pedir un apoyo económico por única ocasión, es un apoyo que para ustedes es mínimo y que es de acuerdo a sus posibilidades”, escucharon del otro lado de la línea.
Palabras aparentemente amables que escondían una amenaza clara. Una extorsión.
Así lo denunció este martes la diputada Mónica Belén López Javier desde la tribuna del Congreso de Oaxaca, con la voz cargada de indignación pero también de solidaridad hacia sus paisanos.
“¿Quién no se conmueve al escuchar estas palabras, cuando llevan implícita una amenaza?”, cuestionó a sus compañeros legisladores.
El miedo llegó con una llamada. Los panaderos de Tlacolula —esos que se levantan cuando los primeros rayos del sol aún no han salido, que amasan el pan de cazuela, las conchitas y el marquesote que todos conocemos— perdieron su tranquilidad en segundos.
Lo que debía ser un momento de alegría por las ventas se transformó en terror.
“Siguieron trabajando, pero no solo pensando en llevar el sustento económico a sus familias, sino también con el temor de ‘entregar la cuota’ a quien les pedía que se ‘alinearan’”, relató la legisladora, dejando claro que esta situación no puede normalizarse ni permitirse.
Tlacolula de Matamoros es uno de los referentes más icónicos de la gastronomía tradicional en Oaxaca.
Sus secretos culinarios han pasado de generación en generación, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de cientos de familias. Pero ahora esas mismas familias trabajan con miedo.
“Esto se llama extorsión”.
López Javier fue directa: “Eso, compañeros y compañeras, se llama extorsión”. Y desde la máxima tribuna del estado exigió acciones contundentes.
Pidió a las autoridades municipales y estatales, pero principalmente a la Fiscalía General del Estado, que investiguen y sancionen a los responsables de estos actos que calificó sin titubeos: “reprobables, inaceptables e infames”.
Pero su llamado no fue solo para las autoridades. La diputada hizo un llamado claro y solidario a la ciudadanía: “No guarden silencio. Denuncien de manera inmediata cualquier intento de extorsión, amenaza o cobro ilegal”.
“Denunciar es un acto de valentía y de responsabilidad social”, destacó, explicando que solo así las autoridades pueden dar seguimiento, identificar los números telefónicos desde los que se realizan estas llamadas y actuar conforme a la ley.
“No están solas ni solos: cuando el pueblo denuncia, las instituciones tienen la obligación de responder”, aseguró.
La diputada de Fuerza Por Oaxaca se sumó a las decenas de voces de sus paisanos que exigen justicia. Esos que día a día se levantan de madrugada, que dan empleo a otras familias, que cumplen con sus impuestos, que son el motor de la economía local.
“Tenemos derecho a un trabajo digno, a vivir sin miedos, porque creemos en nuestras instituciones”, proclamó ante el pleno.
Y cerró con un mensaje contundente: “Quien trabaja, quien produce y quien sostiene Oaxaca merece protección, merece respeto y justicia. Merece estar bien”.
