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La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó este jueves al Consejo Nacional de Seguridad Pública enviar un comunicado a los 31 gobernadores del país y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para recordarles las disposiciones legales que regulan la colaboración en materia de seguridad con gobiernos extranjeros, particularmente con Estados Unidos, tras revelarse la presencia de agentes estadounidenses —presuntamente de la CIA— en un operativo antinarco realizado sin autorización federal en Chihuahua.
El incidente que detonó la medida ocurrió el 20 de abril de 2026, cuando dos agentes estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua murieron al desbarrancarse su vehículo en la Sierra Tarahumara, luego del desmantelamiento de narcolaboratorios en los municipios de Guachochi y Morelos, operativo que habría involucrado a presuntos integrantes de la CIA coordinándose con autoridades estatales al margen del gobierno federal.
Sheinbaum señaló que el secretario de Seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, y el fiscal general del estado admitieron públicamente esta colaboración desde hace un mes, lo que contraviene la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
“Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson debería haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración, y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, declaró la mandataria en su conferencia mañanera del 23 de abril en Palacio Nacional.
La presidenta ordenó que cualquier coordinación en materia de seguridad con gobiernos extranjeros sea canalizada exclusivamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Gabinete de Seguridad.
El comunicado que enviará a los mandatarios estatales establece que deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la SRE o de las dependencias que correspondan en términos de los convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad.
Sheinbaum desmintió categóricamente a la gobernadora de Chihuahua, quien aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía conocimiento del operativo.
La presidenta aclaró que, si bien el Ejército apoyó en la acción a solicitud local, esto no implica que los mandos militares supieran de la presencia de ciudadanos estadounidenses en campo.
La SRE entregó un extrañamiento formal al embajador Ronald D. Johnson para solicitar información sobre la identidad de los agentes, la fecha de su ingreso al país y el alcance de su participación en el operativo.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, sostuvo que la ley prohíbe la participación de agentes extranjeros en acciones en campo dentro del territorio mexicano, y ese mismo día recibió en sus oficinas a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, por instrucción de la presidenta.
Ayer Sheinbaum intentó comunicarse directamente con Campos Galván, pero no lo logró. “La busqué ayer. No estaba en la oficina, contestó el secretario particular… ya no hubo comunicación”, explicó.
El Senado de la República, con el respaldo del PAN, aprobó un dictamen mediante el cual invitó a la gobernadora Campos Galván y al fiscal César Jáuregui Moreno a participar en una reunión de trabajo para aclarar las circunstancias del operativo.
Respecto a una posible destitución del fiscal, Sheinbaum señaló que es decisión del gobierno de Chihuahua y, en su defecto, del Senado.
“Los gobiernos de los estados tienen que cumplir con las leyes sí o sí, eso no es opcional. Y la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones, es muy clara. Absolutamente clara”, sostuvo la jefa del Ejecutivo.
