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La Sala Unitaria Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca dictó sentencia condenatoria en contra de tres exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad por la falta administrativa grave de abuso de funciones relacionada con la contratación de la empresa CIFO Technologies S.A. de C.V. para el sistema de transporte Citybus.
La resolución puede ser recurrida a la sala superior del TJACCO y ante los órganos jurisdiccionales federales. Es decir aún no está firme.
Los sancionados son Mariana Erandi Nassar Piñeyro, exsecretaria de Movilidad; Elías Homero Camacho Núñez, exdirector Administrativo de esa dependencia; y Gerardo Guzmán Uvence, quien fungía como asesor.
El expediente 08/2024 fue instruido por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Poder Ejecutivo estatal, a partir de una queja presentada en junio de 2023 por el propio Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad.
Los sancionados fungieron en el cargo durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.
La magistrada Amparo Arias Rivas determinó que los tres funcionarios ejercieron atribuciones que no tenían legalmente conferidas al suscribir el 29 de septiembre de 2020 el contrato SEMOVI/DA/LPN-001/CITYBUS/2020, relativo a la adquisición e instalación de equipos para el Sistema de Recaudo del Sistema Integrado de Transporte Citybus en la zona metropolitana de Oaxaca.
La resolución establece que la facultad contractual correspondía al propio organismo descentralizado —el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca—, creado mediante decreto el 7 de julio de 2020, y no a la Secretaría de Movilidad.
Conforme al decreto de creación, la Junta de Gobierno es la máxima autoridad con atribuciones para autorizar contratos, mientras que al Director General correspondía suscribirlos. La junta ya estaba formalmente instalada desde el 3 de agosto de 2020, mes y medio antes de la firma del contrato cuestionado.
El tribunal precisó que Nassar Piñeyro suscribió el contrato única y exclusivamente en su calidad de titular de la Secretaría de Movilidad, y no como presidenta de la Junta de Gobierno del organismo descentralizado, cargo que también ostentaba.
La resolución descartó asimismo que el convenio de apoyo financiero con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) le otorgara facultades para esa contratación específica.
El contrato con CIFO Technologies S.A. de C.V. para la implementación del sistema de cobro para transporte ascendió a 106 millones 828 mil 394 pesos.
Las sanciones impuestas son las siguientes: a Nassar Piñeyro, inhabilitación temporal por 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, más una sanción económica resarcitoria de 26 millones 707 mil 87.45 pesos.
A Camacho Núñez, inhabilitación por 15 años y pago de 21 millones 365 mil 669.96 pesos. A Guzmán Uvence, inhabilitación por 10 años y sanción económica de 5 millones 341 mil 417.49 pesos.
En conjunto, el monto total de las sanciones resarcitorias suma 53 millones 414 mil 174.90 pesos.
La sentencia ordena notificar personalmente a los tres responsables y girar oficios a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública para el registro preventivo y, una vez que cause ejecutoria, el registro definitivo de las sanciones, así como a la Secretaría de Finanzas para informarle de las sanciones económicas impuestas.
Nassar Piñeyro había renunciado a la titularidad de la Secretaría de Movilidad el 5 de marzo de 2021, cuando el gobernador Murat Hinojosa aceptó su dimisión junto con la de otros funcionarios.
