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Con el bloqueo del puente Tuxtepec sobre la carretera federal 175 como instrumento de presión, el dirigente nacional de CODECI, Gaudencio Torres Pereda —acusado por el propio gobierno estatal de extorsión—, exige que el Estado regularice terrenos que su organización ocupa ilegalmente desde hace más de dos décadas en la colonia Sebastopol y que distribuye entre sus bases como palanca de clientelismo político.
“No nos vamos a salir del predio de Sebastopol”, advirtieron los manifestantes durante la protesta.
La colonia Sebastopol —ubicada en las inmediaciones del crucero del mismo nombre, a un costado de la carretera federal 175— concentra terrenos que integrantes de CODECI ocupan de manera irregular desde hace más de dos décadas, según antecedentes documentados en la región.
La organización exige ahora que el gobierno estatal regularice esos predios, una demanda que, según funcionarios estatales, encubre el uso político del asentamiento: los lotes son distribuidos entre simpatizantes como mecanismo de clientelismo, a cambio de lealtad y movilización.
En diciembre de 2025, medios locales reportaron que activistas de CODECI habían invadido terrenos federales aledaños a la carretera 175, en las inmediaciones de Sebastopol, sin que autoridad municipal, estatal o federal informara sobre acciones para recuperar el predio o iniciar procedimientos legales.
El Gobierno de Oaxaca, acusó en mayo de 2023 al dirigente nacional de CODECI, Gaudencio Torres Pereda, de exigirle un pago de 500 mil pesos mensuales a cambio de mantener la gobernabilidad y no realizar bloqueos en Tuxtepec.
Con ese antecedente, la demanda de regularización de Sebastopol y otros predios en diversos ejidos, apunta en el mismo sentido: el dirigente busca que el Estado convalide jurídicamente predios que CODECI controla y utiliza como palanca de presión política, a cambio de reducir la conflictividad en la región.
La conducta descrita configura posibles ilícitos contemplados en la legislación penal.
El Código Penal Federal establece en su artículo 390 que comete el delito de extorsión quien obligue a otro a dar o hacer algo en su perjuicio mediante violencia o intimidación, con una pena de dos a ocho años de prisión.
Por su parte, el artículo 395 del mismo ordenamiento tipifica el despojo de inmuebles, bienes o aguas, con penas de tres meses a cinco años de prisión, cuando se realiza mediante violencia, amenazas o engaños.
En materia de asentamientos en zona federal, la Ley General de Bienes Nacionales prevé la restitución del inmueble y la responsabilidad penal para quienes ocupen ilegalmente bienes del dominio público.
CODECI es una organización cuyo liderazgo ha recaído históricamente en la familia Torres Pereda. Su método recurrente de presión son los bloqueos de accesos a Tuxtepec y a municipios de la Cuenca del Papaloapan.
