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Jaime GUERRERO
La Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció que derivado de auditorías al gasto del ejercicio fiscal 2018, se detectaron subejercicios y por tanto se han determinado que 20 mil 300 millones de pesos tendrán que ser devueltos a la Federación por los Estados, principalmente por no haber sido destinado para los fines previstos en los programas.
Así mismo 6 mil 331 millones de pesos por presuntas faltas administrativas.
Desde el pasado jueves, arranco en Oaxaca, la LXII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.
En el acto inaugural encabezado por el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa; el Contralor del Estado, José Ángel Díaz Navarro; el titular de la Auditoria Superior de la Federación, David Gonzales Páramo, Sandoval Ballesteros, adelantó que el presupuesto a auditar del 2019 es de 275 mil millones de pesos.
Por lo pronto, informó que del ejercicio 2018, los Estados tendrán que devolver más de 20 mil millones de pesos.
No obstante, la titular de la función pública destacó que los gobiernos estatales están avanzando en la solventación de las observaciones, ya hay cinco Estados referencia que establecen mecanismo de cooperación con la SF.
La Secretaría de la Función Pública tiene un rol estratégico con su responsabilidad de emitir la política de fiscalización, de dar el visto bueno en las contrataciones públicas y proveer de información de las personas físicas y morales con registro de sanción.
Anticipó que cuidaran el debido cumplimiento de los convenios que suscribe la federación con los gobiernos estatales y municipales para la revisión de los recursos. Anunció entonces que han determinado 20 mil 300 millones de pesos que los gobiernos locales deberán reintegrar a la federación, por no haber sido aplicados a los fines previstos a los programas.
Sandoval Ballesteros, destacó que la fiscalización de mecanismos sensibles o vulnerables a la corrupción o los fideicomisos, los Proyectos de Asociación Público Privada (AAP), los cuales han constituido vehiculos de mayor opacidad.
Dijo entonces que la tarea de la SF, es la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales con énfasis en medidas de austeridad república, el objetivo es mantener el ejercicio debido de los recursos públicos para dar el cumplimiento y atención de los programas.
Y desde la SF, se realiza una importante labor de coordinación para que despachos externos elegidos bajo un proceso riguroso dictaminen los Estados Financieros con los mayores estándares de calidad.
Aclaró que la permanencia de los despachos tiene que estar supeditada a que cumplan con la reglas de la SF y atiendan en tiempo y forma sus procedimientos.
Anunció entonces que las firmas KPMG International Cooperative y Price Waterhouse Coopers, reconocidas firmas de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal a las principales compañías, instituciones y gobiernos a nivel global, no cumplieron con requisitos de inscripción a tiempo y en consecuencia están fuera.
Para este 2019 no elegibles en los ejercicios de fiscalización. Para ello, José Miguel Macias, tutelo el proceso de evaluación de los consultores externos.
Por lo pronto, destacó que una administración pública y honesta tiene la obligación de no mentir, el compromiso de la transparencia, la congruencia de formular políticas públicas con información verás, relevante con la participación de los ciudadanos, asi mismo cooperación para que se asuman y deslinden responsabilidades.
* Foto de red.
