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Maira Ricárdez
La declaración patrimonial y de intereses es un instrumento de ley que obliga a los servidores de la administración pública estatal a realizar un informe pormenorizado de su patrimonio, para en caso de detectarse casos injustificados de incremento o enriquecimiento, iniciar el procedimiento respectivo para determinar daños al erario público y fincar la responsabilidad resarcitoria que proceda.
Este proceso se realizó en tiempo y quedo cerrado el pasado 31 de mayo, cumplieron todos los funcionarios de primer nivel del Estado, pero restan 110 de mandos medios, a quienes ya se les envió notificación oficial pars que expliquen porque no cumplieron con este mandato de ley y que lo hagan a la brevedad de manera extemporánea, para evitar sanciones que pudieran llegar hasta la inhabilitación del cargo, informó el Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro.
Posteriormente, el funcionario informó en conferencia de prensa del resultado de la edición número 62 de la Reunión Nacional de Contralores que se realizó en Oaxaca este fin de semana, fueron cerca de 150 funcionarios de todo el país, encabezados por la Secretaría de la Función Pública, Irma Erendirá Sandoval, quienes estuvieron de visita de trabajo en esta ciudad para implementar esquemas y mecanismos de control, verificación y evaluación de la estructura gubernamental.
