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Jaime GUERRERO
El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif Hernández, admitió que, a cinco años de la implementación del modelo de fiscalización ordenado en la reforma electoral de 2014, si bien éste opera con normalidad, está pendiente la tipificación de delitos relacionados con el financiamiento ilícito de campañas electorales, particularmente la figura de la corrupción electoral como el quid pro quo; es decir, donaciones de entes o personas a cambio de beneficios o contratos por parte de candidatas y candidatos una vez que llegan al poder.
Eliminar atribuciones y mejorar intercambio de información con instituciones bancarias fortalecería la fiscalización
De acuerdo al Consejero del INE, existen áreas de oportunidad para fortalecer el sistema de financiamiento a los partidos políticos y fiscalización, con el objetivo de evitar recursos ilícitos y reforzar la equidad en la contienda.
En la mesa titulada “Financiamiento público, prerrogativas y fiscalización de los recursos”, afirmó que son necesarias regulaciones más estrictas en operaciones en efectivo que permitan seguir el rastro del dinero que sale o entra de cuentas bancarias relacionadas con el posible financiamiento ilícito de las campañas en efectivo, así como en el uso de empresas fantasmas o empresas fachada que son utilizadas en esquemas de triangulación de recursos que van a dar a las campañas o a los partidos políticos.
“No podemos terminar de armar y recuperar la confianza en el sistema de fiscalización sin que la fiscalización trascienda el ámbito administrativo y se generen las condiciones para que haya consecuencias para las personas involucradas en esquemas de financiamiento ilícito de partidos y campañas electorales”, argumentó.
El Consejero electoral, señaló que, para fortalecer la fiscalización del INE, sería conveniente que la Unidad Técnica de Fiscalización se desentienda de tareas secundarias, con el fin de que se concentre plenamente en las funciones principales.
“La Unidad Técnica de Fiscalización tiene por mandato legal diferentes tareas como, por ejemplo, fiscalizar Asociaciones Políticas Nacionales, que no reciben recursos públicos, o a observadores electorales, que creo que se podrían obviar”, explicó.
Asimismo, refirió, agilizar el proceso de intercambio de información con instituciones financieras, particularmente los bancos, ayudaría a poder completar investigaciones dentro de los plazos de ley. “A menudo los bancos retardan la entrega de esta información y hacen que casos grandes sean revocado por la Sala Superior, porque ha caducado el periodo para que la Unidad complete la investigación”.
Nacif Hernández recordó que la reforma 2014 introdujo tres ejes en materia de fiscalización que hoy operan con normalidad: que una sola autoridad nacional sea la encargada de fiscalizar a los partidos y candidatos independientes con los mismos estándares; realizar una fiscalización de recursos expedita para que los resultados de la misma se consideren en la calificación de las elecciones; y la implementación un sistema de reporte de ingresos y gastos en línea, para la realización de una fiscalización en tiempo real.
“Hoy existen reglas de reporte de recursos que son homogéneos en todo el país, independiente del estado, de si son elecciones municipales, locales, en general o elecciones federales y se realiza la fiscalización con esos criterios para todos los casos”, dijo.
Argumentó que los dictámenes los aprueba el Consejo General después de seguir el procedimiento establecido en la ley y se ponen a disposición de los tribunales electorales competentes para que se valoren durante la calificación de la elección.
Finalmente, el Consejero Nacif señaló que la reforma podría explorar la transición a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de algunas facultades de fiscalización. “Ello es probable, siempre y cuando, se haga de forma paulatina y con reglas claras y homogéneas para todos”.
