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Jaime GUERRERO
La noche de éste lunes, el Consejo Nacional de Salubridad declaro “emergencia sanitaria” por causa de fuerza mayor a la pandemia del Covid-19 en México.
La determinación, tomada por el Consejo de Salubridad General, implica que la Secretaría de Salud determinará las acciones que deba corresponder a las demás autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Entre las medidas se ordena a las secretarías de Hacienda, Economía y Trabajo, así como al IMSS, ISSSTE e Infonavit a “operar las medidas necesarias a fin de proteger empresas y trabajadores por la vigencia de la declaratoria”.
Además, se exhorta a que el sector privado deberá adoptar de inmediato modalidades de teletrabajo, trabajo a distancia o análogos, sin que las actividades de sus trabajadores impliquen un acto presencial.
El anuncio oficial lo hizo el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón.
Acompañado de la titular de la secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell; los titulares de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval Gonzales; y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, confió en que el sector privado no se oponga a esas medidas porque han encontrado solidaridad y respaldo.
Consideró que si no se decreta, el daño económico crece. El impacto al empleo, a la actividad económica va a ser mucho mayor, alertó.
Con la declaratoria de emergencia, el canciller además aseguró que las empresas deben pagar completos los salarios de los trabajadores durante la emergencia sanitaria, ya que la ley les impediría incumplir con esta obligación.
Ebrard Casaubón, advirtió que los negocios o empresas que violen las disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud serán sujetos a castigos que pueden ir desde sanciones administrativas y hasta penales.
López-Gatell, advirtió sin embargo, que la declaratoria de emergencia no implicará un Estado de excepción o toque de queda para los ciudadanos.
Las actividades que no se suspenden son las relacionadas con la rama médica y del sector salud, tanto público y privado, así como las de seguridad pública, integridad y soberanía nacional.
Tampoco se suspenden la actividad legislativa y la de sectores esenciales para el funcionamiento de la economía e incluso los programas de bienestar del Gobierno federal.
Además de extender la jornada de sana distancia hasta el 30 de abril, no se podrán realizar reuniones de más de 50 personas.
Deberán permanecer en sus hogares y no acudir a laborar, de manera obligada, los mayores de 60 años y personas con diagnóstico de hipertensión, diabetes, inmunosupresión, estado de embarazo y diabetes.
Una vez terminada la etapa de aislamiento, se prevé un regreso escalonado a las actividades laborales.
Por ello, para tratar de frenar la velocidad de los contagios, reiteraron su llamado a las personas para no salir de sus hogares hasta el próximo 30 de abril.
En tanto, las Fuerzas Armadas anunciaron que intensificarán el reclutamiento de médicos y enfermeras y que, por instrucciones presidenciales, revisan ya todas las aduanas del País en búsqueda de insumos que puedan servir para atender la emergencia.
Además, el Insabi cedió a los militares el equipamiento, operación y control de 34 hospitales, es decir, más del triple anunciado inicialmente.
