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Jaime GUERRERO
El impacto económico del COVID-19 en México podría aumentar la pobreza por ingresos entre 7.2 y 7.9%. Esto significa que entre 8.9 y 9.8 millones de personas se sumarán a la población con recursos insuficientes para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos.
Los datos son poco halagueños para los habitantes de Oaxaca pues, el 76% aún carece de acceso a la seguridad social, el 58% de servicios básicos en la vivienda y el 27% a la alimentación.
De acuerdo con el análisis ‘La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2’, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para el segundo trimestre de 2020 el porcentaje de la población con un salario inferior al costo de la canasta básica aumentará de 37.3 al 45.8%.
Oaxcaca es el tercer estado con mayor porcentaje de su población en condiciones de pobreza: 66,4. De 2008 a 2018, éste se incrementó al pasar de 61,8 a 66,4, incluso en 2016 alcanzó 70,4%.
En cuanto a la población en condiciones de pobreza extrema, si bien hubo una reducción de 5,1% en los últimos 10 años, hoy el 23,3% de su población se ubica en esa condición, lo que lo coloca como la tercera entidad con más habitantes con carencias por debajo de la línea del bienestar.
A pesar de que en los últimos dos años en Oaxaca se ha logrado revertir una clara tendencia de in- cremento de la pobreza, el 66,4% de la población aún padece al menos una carencia social y recibe ingresos que no son suficientes para cubrir todas sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.
El análisis de las cifras del informe del Coneval nos indica que las cinco subcarencias más grandes en el estado son: estufas ecológicas, acceso a la seguridad social, drenaje, alimentación y rezago educativo (específicamente en adultos sin educación secundaria).
En cuanto a la falta de drenaje, esta subcarencia afecta a 1.1 millones de habitantes. Actualmente, más 1.5 millones de personas que están económicamente activas no cuentan con acceso a la salud y/o pensión para el retiro.
La última medición de la subcarencia de acceso a la alimentación nos dice que todavía el 27,9% de la población enfrenta esta carencia, es decir, más de un millón de personas no comen sano, variado y suficiente.
Respecto al rezago educativo, aún tenemos el gran desafío de lograr la cobertura suficiente para atender al 27,1% de la población (más de un millón de personas) que no cuenta o no ha completado su instrucción en educación básica. Por otra parte, el combate al rezago educativo en niños y niñas entre 3 y 15 años ha tenido avances significativos. Sin embargo, el reto también allí sigue siendo grande, puesto que actualmente el 7,5% de este sector de la población no asiste a la primaria o secundaria.
En medio de ese escenario, el impacto económico del COVID-19 en México podría aumentar la pobreza por ingresos entre 7.2 y 7.9%.
De acuerdo con el análisis ‘La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2’, realizado por el Coneval, para el segundo trimestre de 2020, el número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, es decir, que su ingreso es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria en dicho periodo de tiempo se incrementaría entre 4.9 y 8.5%, equivalente a entre 6.1 y 10.7 millones de personas.
“La crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad”, detalla el documento.
Una primera aproximación a los efectos potenciales de la pandemia anticipa que, en ausencia de políticas públicas orientadas a la población que no podría adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral, las condiciones de vida de los grupos de ingreso medio enfrentarían condiciones de pobreza.
El análisis de Coneval señala que además de los posibles efectos en la pobreza, las mujeres deberán afrontar esta pandemia de COVID-19 con mayores desventajas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que las mujeres representan el 72.8% del total de personas ocupadas en los sistemas de salud de la región, cuyas condiciones de trabajo son precarias y se vuelven extremas con el aumento de horas laborales y el riesgo de contagio del virus.
En tanto, Coneval considera que otros sectores de la población que afrontan esta pandemia con mayores desventajas se encuentran los trabajadores del sector formal e informal, las personas desempleadas, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), los jornaleros agrícolas y las niñas y niños cuyo aprendizaje se ve afectado por falta de acceso a las nuevas tecnologías.
El organismo explica que el país enfrenta la contingencia en condiciones de vulnerabilidad por factores como la alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, precariedad laboral, carencias en acceso a servicios y brechas en derechos laborales.
Desempleo
El Coneval, estima que la pérdida de empleos traerá como consecuencia, además de la disminución en los ingresos, la pérdida de las prestaciones laborales que el brinda el trabajo formal.
Las personas más vulnerables en este sentido son las que se encuentran ocupadas en trabajos subordinados, por cuenta propia, en los sectores más afectados y los ocupados sin seguro de desempleo.
Para disminuir el impacto de la emergencia sanitaria para estas poblaciones, Coneval sugiere que, además de los apoyos que el gobierno federal ha dado a conocer para microempresas, el Estado podría complementar estas medidas mediante apoyos a la pequeña y mediana empresa con créditos para proteger el empleo y subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleadores deben asumir durante los meses de confinamiento.
De acuerdo con el análisis, con estas medidas se apoyaría al 43.8% de la población ocupada.
También señala que se puede apoyar a este sector de la población con créditos, como el Programa Microcréditos para el Bienestar, que otorga financiamiento para el inicio o consolidación de micronegocios. Este programa se podría extender los periodos de vencimiento de créditos, financiar temporalmente el consumo privado y analizar la pertinencia del apoyo de la estrategia “Mes Trece” del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Asimismo, podrían incluir medidas que incentivos el empleo temporal, lo que permitiría apoyar al 52% de la población ocupada. Otra propuesta son los subsidios temporales en el costo de los servicios básicos de la vivienda, y se debe asegurar la adecuada operación de los programas federales que realizan transferencias monetarias directas.
Alimentación
Entre las acciones para mitigar las afectaciones alimentarias, Coneval propone garantizar la operación del Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) y del Programa Abasto Rural (Diconsa), así como el fortalecimiento del Programa de Precios de Garantía.
Sugiere impulsar la producción agropecuaria a través del Programa Especial Concurrente para el desarrollo Rural Sustentable (PEC) y dar seguimiento al comportamiento del mercado para detectar a tiempo alzas injustificadas en los precios de productos, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
Otra medida son las despensas para familias de los menores que son beneficiados con alimentos en las escuelas, en tanto las clases se encuentran suspendidas, y otorgar cupones para la adquisición de alimentos durante la contingencia sanitaria, como mecanismo para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares.
Educación
La educación básica a distancia contempla habilidades y herramientas tecnológicas que ponen en desventaja a quienes forman parte de los hogares más pobres, lo cual puede profundizar la brecha educativa, señala Coneval.
Además, el aprendizaje mediante educación básica a distancia presenta dificultades para dar seguimiento y conocer su efectividad, lo cual puede incrementar la brecha educativa entre instituciones públicas y privadas y entre contextos rurales y urbanos.
A ello se suma que la educación básica a distancia requiere del apoyo de los padres a los hijos, el cual está supeditado a la ocupación, disponibilidad de tiempo y su propia escolaridad, entre otros factores.
Coneval no encontró información sobre modalidades educativas para contextos como el indígena, comunitario o migrante, por lo que indica que es necesario implementar mecanismos de regularización al término de la emergencia sanitaria para homologar los conocimientos adquiridos por los alumnos.
