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Jaime GUERRERO
Asesorada por diputados federales y locales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entre ellos, Armando Contreras Castillo, ex delegados, así como la ex dirigente, Nancy Ortiz Cabrera, la ex secretaria de finanzas, Elsa Martínez, se niega a rendir cuentas de los más de 90 millones de pesos que anualmente maneja desde el 2018 a la fecha, y en lugar de ello, ha interpuesto un Juicio de Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano (JDC), aduciendo violencia política por parte del dirigente interino, Sesul Bolaños López.
En un capitulo más de la disputa de tribus y grupos morenistas por el control de ese instituto político, el manejo de las millonarias prerrogativas y las eventuales definiciones de candidaturas a cargos de elección popular para las elecciones del 2021, se arrecia la guerra sucia entre los grupos en disputa.
En redes sociales, la también llamada profesora, orquestó la divulgación de un mensaje en la que se dice víctima de palabras ofensivas y violencia política de género.
El fondo es el control de la dirigencia de Morena, debido a que el pasado domingo, Bolaños López, con el apoyo de su tío, el Senador de la República, Salomón Jara Cruz, tomó protesta como dirigente formal de Morena.
El grupo opositor a las aspiraciones gubernamentales de Jara Cruz, entre ellos, Contreras Castillo, Ericel Gómez y otros legisladores federales y locales, echan mano de estrategias para contrarrestar a sus contrincantes, para ello han interpuesto tres JDC ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) para recuperar el partido y de paso que el órgano jurisdiccional aplique sanciones al hoy dirigente interino.
La ex secretaria fue buscaba para recabar su versión de los hechos. no se obtuvo respuesta de la profesora que llegó al cargo de tesorera de la manos de la ex dirigente y hoy delegada de programas sociales, Nancy Ortiz Cabrera.
Bolaños López, aseguró que por decisión del Consejo Político Estatal de Morena, se instruyó a la ex tesorera presentar un informe detallado de los últimos 4 años del Comité Ejecutivo Estatal de Morena a la fecha. En todo momento se negó. Tras un segundo llamado presentó un informe general sin pormenores. Por lo tanto el Consejo POlitico, instruyó realizar una auditoria y se le ordenó entregar la documentación a la consultoría.
Bolaños López, refirió que en respuesta a la auditoria, Elsa Martínez, emprende una campaña contra él. “En un afán de desvirtuar la opacidad en el manejo de los recursos y evitar dar un informe quiere desviar la atención”, afirmó.
El dirigente interino, afirmó que a través de redes sociales se enteró la de denuncia en su contra ante el TEEO, aún no ha sido notificado.
“Obedece a una resistencia a entregar cuentas, de los gastos de los prerrogativas de Morena”, afirmó.
Tan solo en el 2019 el CEE de Morena, con las finanzas a cargo de Elsa Martínez, se manejaron 55 millones de pesos. En este 2020, van más de 40 millones entregados al CEE de Morena.
“Pero es la fecha en que no nos informa en dónde esta ese dinero, qué se hizo o se tiene todavía se tiene a disposición”, anotó.
Bolaños López, lamentó que la ex tesorera, pretenda tergiversar la opacidad y el uso discrecional de los recursos, con la violencia política.
La auditoria que se solicitó al Consejo Político Estatal es del 2017 a 2020. En el 2017 al 2018 la dirigente fue Nancy Ortiz Cabrera; para finales del 2018 y 2019 y a principios del 2020, la dirigencia estaba a cargo de Gómez Nucamendi, quien fungió como delegado con funciones de presidente.
En todo ese periodo Elsa Martínez, fungió como tesorera, conoce el uso y destino de los recursos públicos.
El dirigente interino, afirmó que como parte del proceso de entrega recepción, esta obligada y mandatada por el consejo político a entregar la documentación, debido a que se realizaron nuevos nombramientos
Bolaños López, afirmó que se niega a dar informes y se ahora no se ha presentado a las oficinas del CEE de Morena. Por el contrario, ahora presenta una denuncia ante el TEEO.
Sostuvo entonces que nada de lo dicho es cierto y mucho menos los insultos, además de que su denuncia no encuadra en un acto de violencia política de género, debido a que durante todo el tiempo se sentó, platico y firmaba asistencia a las sesiones de consejo.