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En la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, presentó una radiografía de seguridad que coloca al municipio como el principal foco de violencia en la entidad, al encabezar los delitos de homicidio doloso y extorsión.
Durante la exposición del diagnóstico, el fiscal advirtió que la crisis de inseguridad en Juchitán no puede seguir enfrentándose únicamente con operativos policiales, al señalar que responde a causas estructurales.
“El tema de la inseguridad es un síntoma; la enfermedad está en las causas que la generan. Si no atendemos esas raíces, los esfuerzos seguirán siendo aislados”, afirmó.
El informe detalla un panorama crítico: además de ocupar el primer lugar estatal en homicidio doloso y extorsión, Juchitán se posiciona en segundo lugar en narcomenudeo, cuarto en robo a negocio, séptimo en robo de vehículos y a casa habitación, y décimo en desapariciones.
A nivel nacional, el municipio se ubica en el segundo lugar en homicidio doloso entre las principales ciudades del país, lo que lo coloca entre los puntos más sensibles en materia de seguridad.
Pese a este contexto, Rodríguez Alamilla destacó que los operativos recientes han generado resultados relevantes. A través de acciones como la intervención “Sable”, se ha logrado la detención de más de 140 personas, la realización de más de 140 cateos, así como el aseguramiento de 43 armas cortas, 53 armas largas, más de 7 mil municiones y más de 50 mil dosis de droga, incluidas metanfetaminas.
No obstante, reconoció que estas acciones no han sido suficientes para contener el fenómeno delictivo, por lo que planteó un cambio de estrategia hacia un modelo integral.
La propuesta, denominada “Acuerdo para la Paz y la Seguridad”, busca transitar de un enfoque reactivo a uno preventivo, con intervención directa en colonias prioritarias donde se concentran delitos como homicidios, extorsión, narcomenudeo y desapariciones.
El plan también contempla la reconstrucción del tejido social mediante la participación ciudadana, así como acciones específicas ante el incremento en la participación de adolescentes de entre 15 y 18 años en hechos violentos.
Entre las medidas previstas se incluyen vigilancia focalizada, redes vecinales de alerta, patrullajes estratégicos y programas sociales orientados a recuperar espacios públicos y fortalecer la cohesión comunitaria.
El fiscal explicó que la estrategia se encuentra en proceso de construcción y será enriquecida con diagnósticos en territorio, en coordinación con autoridades y ciudadanía.
“La paz no se construye solo con fuerza, sino con comunidad organizada y con oportunidades reales”, concluyó.
