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Ante la ola de movilizaciones protagonizadas por burócratas del STPEIDCEO, el gobernador Salomón Jara Cruz salió a defender la regularización del ISR en el gobierno estatal y garantizó que ningún trabajador de base verá reducido su sueldo neto, respaldado por un subsidio directo de mil 650 pesos por quincena.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal sostuvo que la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las y los trabajadores de base del Gobierno del Estado es una obligación constitucional que compete a todos los mexicanos.
“El impuesto no se incrementó, sino que se aplica de acuerdo a la norma establecida”, precisó.
La encargada del Despacho de la Secretaría de Finanzas, Andrea Fabiola Acevedo Merlín, explicó que en la actual administración el ISR se calcula de manera correcta y que la base gravable ahora integra la totalidad de las percepciones.
Atribuyó a gobiernos anteriores una aplicación incorrecta del gravamen, en contravención a los criterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), situación que derivó en que la administración vigente debiera cubrir créditos fiscales millonarios.
De acuerdo con la funcionaria, la regularización se sustenta en los artículos 1, fracción I, y 90 de la Ley del ISR. Como medida compensatoria, el gobierno estatal instrumentó el Apoyo para el Impuesto (API), un subsidio de mil 650 pesos quincenales para cada persona trabajadora, con el propósito de mantener intactos sus ingresos netos.
El consejero Jurídico y Asistente Legal del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, señaló que para aplicar el gravamen sin afectar la economía de la base, se diseñó una estrategia institucional conjunta entre las secretarías de Administración y Finanzas.
Desde mediados de mes, contingentes de los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se concentraron en las entradas de Ciudad Judicial, Ciudad Administrativa y diversas oficinas del Centro Histórico para exigir un alto a lo que denominan una aplicación irregular del ISR, al tiempo que denunciaron la falta de respuestas del gobernador y señalaron al Comité Ejecutivo del STPEIDCEO de ser ajeno a los intereses de la base.
Los sindicalizados anunciaron una nueva marcha para el próximo jueves 23 de abril, con partida del Llano a las 16:30 horas con dirección al zócalo capitalino, y calificaron de anticonstitucional el cobro del ISR.
Sectores inconformes advierten que el esquema del API tendrá efectos a largo plazo al incidir en el fondo de pensiones y en los montos de jubilación, al tratarse de un apoyo condicionado a tres años que, afirman, reduciría ingresos futuros.
También denunciaron la aplicación retroactiva del ISR correspondiente a 2025 y acusaron falta de transparencia en la decisión.
El conflicto tiene antecedentes desde 2025. De acuerdo con el secretario de Finanzas, los trabajadores del gobierno estatal adeudan al SAT alrededor de 3 mil 600 millones de pesos por no reportar el pago del ISR sobre prestaciones económicas pactadas entre el sindicato y el gobierno estatal.
Por lo pronto, Jara Cruz reiteró que “el Gobierno del Estado no determina cómo ni cuánto impuesto le corresponde a las y los trabajadores, sino que es una disposición federal de la Ley del ISR que se tiene que cumplir”.
