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El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) exige la libertad inmediata e incondicional de su dirigente Macario García Merino, detenido el pasado 15 de mayo por elementos de la Policía Estatal, y denunció que su encarcelamiento forma parte de una estrategia de persecución política y criminalización contra defensores comunitarios en la región triqui.
La organización calificó de falsa la versión oficial que justifica el operativo por una denuncia de disparos de arma de fuego, y acusó al gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía General del Estado de fabricar delitos para encubrir lo que describió como un acto de represión ordenado políticamente.
El MULTI sostuvo que García Merino fue sacado violentamente de su domicilio en Agua Fría Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, sin que se le mostrara orden de aprehensión.
El movimiento destacó que su dirigente es beneficiario de la medida cautelar MC-279-22, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en razón de su labor como defensor de derechos humanos y representante de familias triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala.
La detención ocurrió semanas después de que el Estado mexicano se comprometiera formalmente ante la CIDH a respetar dicha medida.
En el pronunciamiento, el MULTI responsabilizó directamente al gobierno estatal por cualquier afectación física o psicológica que pudiera sufrir García Merino y su familia, y denunció que durante el operativo se emplearon gases lacrimógenos y hubo agresiones contra mujeres y niños presentes en el lugar.
La organización señaló además que en la región triqui operan grupos paramilitares protegidos políticamente, a los que atribuye los desplazamientos forzados de comunidades como San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala, conflictos que —advirtió— permanecen sin resolución. Acusó a diversas figuras políticas y estructuras de poder regional de mantener control territorial mediante prácticas caciquiles.
Entre sus exigencias, el MULTI demandó la libertad de García Merino, el cese de la persecución contra defensores comunitarios, el desmantelamiento de grupos armados en la zona y garantías de retorno seguro para las personas desplazadas.
