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Jaime GUERRERO
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que investiga un fraude fiscal en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por más de cinco mil millones de pesos, en operaciones irregulares a partir de la rescisión del contrato que el instituto firmó con la empresa Telra Realty. La UIF detectó hacer transferencias internacionales dirigidas a cuentas de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.
La investigación por el delito de fraude también conlleva los de defraudación de naturaleza fiscal, corrupción política y peculado.
De su lado, el gobierno de Oaxaca, puntualizó que durante la gestión de Alejandro Murat Hinojosa como director general del Infonavit, éste no pagó ni un peso a la empresa Telra Realty.
El pago de 5 mil 88 millones de pesos, aseguró, fue realizado por la siguiente administración, a cargo de David Penchyna Grub, “sin orden judicial que lo mandatara, sino por acuerdo entre éste y la empresa como ‘indemnización’ que no se encontraba pactada en los contratos respectivos; es decir, no existía pena convencional establecida”.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto señaló: “hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por rescisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra, a partir de esa empresa, se empezaron a hacer transferencias internacionales a empresas de Estados Unidos, por 19.1 millones de pesos”.
“Por otro lado, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria, hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos”,detalló Santiago Nieto sobre el modus operandi del fraude realizado en contra del Infonavit.
“Este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos y cumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos, fiscalmente esta empresa en 2014 aparece con cero pesos en sus declaraciones en 2015 solo con 8 pesos, sin embargo, había recibido reportes por 5 millones de pesos”, reveló el titular de la UIF.
Para 2016 declaró dos mil 198 pesos y recibió 18.7 millones de pesos y retiro por 19.7 millones, en 2017 declaró ingresos por tres mil millones de pesos y en 2018 por mil 900 millones de pesos sin que esto fuera reportado de manera directa al Servicio de Administración Tributaria, agregó.
Nieto Castillo, dijo que ese caso, significaría defraudación de naturaleza fiscal con independencia de la corrupción política y peculado.
Por lo pronto, la administración de Murat Hinojosa, sostuvo que fue la gestión de Penchyna Grub (que duró hasta el 30 de agosto de 2017, 21 meses después de que Murat Hinojosa dejó el instituto) la que decidió cambiar la estrategia y no contar con la participación del sector privado en el programa de movilidad hipotecaria.
Además de pagar a la empresa 5 mil 88 millones de pesos, sin que se conozcan los motivos y sin existir litigio alguno, ni mucho menos orden judicial, bajo el argumento que significaría más de 16 mil 500 millones de pesos los que perdería el Infonavit.
Por mandato de ley, quien está facultado para aprobar los nuevos programas e iniciativas del instituto es el consejo de administración, previo estudio de los respectivos comités, como se hizo en este caso con el programa de movilidad hipotecaria. Tanto los comités como el consejo están conformados de manera paritaria por representantes de los trabajadores, del sector empresarial y del gobierno, como es públicamente conocido, precisó la administración estatal.
Detalló que el programa de movilidad hipotecaria fue presentado para su estudio y aprobación ante el comité de riesgos y del consejo de administración el 25 de febrero de 2015, como ha hecho el instituto durante décadas para operar varios programas y servicios con distintos actores de la iniciativa privada, por ejemplo, el Mejoravit, la cobranza o la recaudación.
La administración de Murat Hinojosa, aseguró que hasta el 30 de noviembre de 2015, cuando el hoy mandatario, renunció a la dirección del instituto, el programa no había iniciado operaciones ni se habían firmado los contratos respectivos.
“Telra Realty realizaría la inversión en la plataforma informática, la implementación, operación y promoción del programa de movilidad hipotecaria y tendría la exclusividad sólo durante los primeros cinco años, siempre que cumpliera con 100 mil operaciones en ese lapso”.
Durante ese periodo la inversión del Infonavit sería nula y se aprovecharía en favor del instituto la inversión de la empresa en los años en que iniciara el programa en un mercado nuevo –y por tanto tuviera menor demanda y una expectativa incierta–, quedando después a favor del instituto la plataforma tecnológica y su posicionamiento.
Inclusive si se hubieren cumplido las metas planteadas en los contratos con Telra Realty de realizar 100 mil operaciones de movilidad hipotecaria en cinco años con viviendas de valor promedio de 300 mil pesos, las comisiones que hipotéticamente habría recibido la empresa hubiesen sido de 10 por ciento de dichas operaciones; es decir, alrededor de 3 mil millones de pesos.
A ese monto habrían tenido que descontarse gastos de implementación, operación, promoción y la plataforma tecnológica del programa, así como de las viviendas iniciales.
Así, “en el mejor de los casos, las utilidades de la empresa en cinco años no hubieran sido ni de la mitad de la indemnización pagada por la administración de David Penchyna a Telra Realty”.
El mercado secundario o movilidad hipotecaria no existía entonces en México. Desde mayo de 2018, cuando empezó a operarlo el Infonavit, no ha dado resultados. En el esquema con Telra Realty el riesgo y la inversión eran de la empresa, pero el Infonavit mantenía la rectoría mediante una alianza estratégica en dos fideicomisos, a fin de transparentar las operaciones. La comisión por las operaciones inmobiliarias firmada en los contratos era la aprobada por el consejo de administración, contra el riesgo total de Telra Realty, concluyó.
