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Jaime GUERRERO
La aprobación o rechazo al dictamen de la Cuenta Pública 2018 -en el cual se detectaron irregularidades en la solventación de 326.3 millones de pesos- que emitió el Organismo Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), y entregó a la LXIV Legislatura, se encuentra en el limbo.
En la víspera, el Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que todas las observaciones fueron solventadas con forme a los plazos establecidos por la ley y rechazó irregularidades en el manejo y destino de los recursos.
El pasado 28 de noviembre del 2019, el titular del organismo superior de fiscalización, Guillermo Megchún Velásquez, entregó al Congreso del Estado la Cuenta Pública 2018.
Los documentos fueron recibidos por la Comisión permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca (OSFE), que encabeza la diputada de la bancada de Morena, Laura Estrada Mauro.
Ese día, Estrada Mauro, anunció que se emitiría a más tardar el pasado 15 de diciembre del 2019, un dictamen para subirlo al pleno del Congreso.
La diputada de Morena, pretendió usar como moneda de cambio la cuenta pública 2018 de la administración del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, durante la aprobación de la solicitud de financiamiento de 3 mil 500 millones de pesos que, pidió el mandatario al Congreso del Estado.
La ex presidenta de la Junta de Coordinación Política, pretendió que se etiquetaran 1 mil 300 millones de pesos para obras en municipios y distritos de influencia de sus afines. Falló en el intento. No obstante, el plazo para la aprobación de la cuenta pública se venció y a la fecha no se ha aprobado.
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, establece que el OSFE, a más tardar el último día hábil del mes de noviembre del año de la presentación de la Cuenta Pública, deberá rendir al Congreso por conducto de la Comisión el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Estado.
El Congreso a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación, concluirá su revisión y dictamen. A la fecha el dictamen duerme al seno de la LXIV Legislatura.
En el dictamen de la Cuenta Pública 2018 que emitió el Organismo de Fiscalización, 16 dependencias de la administración de Murat Hinojosa y Organismos Autónomos, se determinó que realizaron pagos indebidos y en exceso; adquirieron bienes y servicios sin apegarse la ley, incumplieron metas y objetivos en la ejecución de los programas presupuestarios, entre otras irregularidades financieras, por el orden de los 326 millones 35 mil 996.54, pesos, de los cuales, no comprobaron debidamente, 242 millones 190 mil 655.40 pesos.
Cabe destacar que en ese programa de auditorías del 2018, a las principales dependencias y entes ejecutores de la administración estatal, entre ellas, Finanzas, Sinfra, Cevi, Sapao, CEA, IEEA, el Consejo de la Judicatura, Secretaría de Administración, Secretaría de Movilidad, los Servicios de Salud, entre otros, fueron excluidas.
No obstante, las que fueron auditadas, en la evaluación todas están clasificadas con un grado de desempeño bajo, exhibiendo ineficacia administrativa-gubernamental.
En el documento, reporta el auditor que, el monto de la muestra auditada fue de 1 mil 95 millones 665 mil 686.68 pesos. Sin embargo, el gasto de las secretarias, organismos autónomos, dependencias centralizadas y descentralizadas en el 2018, fue de 89 mil 617 millones 98 mil 404.56 pesos, confirma el organismo auditor.
De la revisión y fiscalización realizada a la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio 2018, resultaron 433 observaciones por el monto total de 326 millones 35 mil 996.54 pesos, importe que representa el 29.76% de la muestra revisada; de los cuales fue atendido el importe de 83 millones 845 mil 341.14 pesos y no atendidas (comprobadas) por el importe de 242 millones 190 mil 655.40 pesos.
La Sedapa, no comprobó 32 mil 970.90 pesos; la SSP, 5 millones 78 mil 819.45 pesos; la Secretaría de Asuntos Indígenas (hoy Sepia) 150 mil pesos en el periodo de Sofia Castro Ríos.
La Secretaría de la Contraloría que encabeza, José Ángel Díaz Navarro, le observaron 280 mil pesos, sin embargo, fue la única dependencia que cumplió con la comprobación conforme a la ley de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera; el SESESP no comprobó debidamente 1 millón 193 mil 496.73 pesos.
El Registro Civil, no comprobó 910 mil 331.97 pesos; en los organismos autónomos, el IEEPCO, no comprobó conforme a la ley 6 millones 966 mil 494.31 pesos. La UABJO, a cargo del rector, Eduardo Bautista Martínez, no comprobó en tiempo y forma 108 millones 966 mil 184.41 pesos; el IAIPO, a cargo de Francisco Álvarez Figueroa (actor ligado al ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo) tampoco comprobó 557 mil 709.91 pesos.
CAO, no solventó en tiempo y forma 7 millones 556 mil 595.24 pesos; a SAPAO le detectaron irregularidades en 92 millones 815 mil 881 pesos de los cuales al final no comprobó 53 millones 504 mil 872.99 pesos.
Al Cobao le detectaron irregularidades por el orden de los 26 millones 861 mil 697.20 pesos, de los cuales, de los cuales solo comprobó 87 mil 402.05 pesos y al final no comprobó en tiempo y forma, 26 millones 774 mil 295.15 pesos.
El Icapet, no comprobó al final 188 mil 57 pesos; el IOCIFED, no comprobó en tiempo y forma, 23 millones 72 mil 896.82 pesos; la Universidad del Mar 7 millones 112 mil 930.52 pesos y la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur, no atendió 125 mil pesos, conforme a la ley.
