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Jaime GUERRERO
La LXIV Legislatura, analiza una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que todos los contratos que realice el gobierno federal con terceros o entre dependencias sean firmados por sus titulares.
Además, se propone “que el titular tenga la obligación de cerciorarse fehacientemente que la entidad contratada cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato o de que no subcontrate más del 49 por ciento tanto de los trabajos como del importe total”.
“Los titulares serán los responsables de vigilar el cumplimiento de las condiciones y términos que se establezcan en los contratos”, destacó el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
En la iniciativa, el diputado refiere que cualquier contrato con empresas debe realizarse mediante licitaciones públicas a través de convocatoria para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado y será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Y es que diversas entidades evitaron realizar las licitaciones y firmaron contratos con organismos públicos sin la autorización expresa de los secretarios, con escasas sanciones en caso de incumplimiento y se permitió la subcontratación a terceros.
“Una de las causas de la iniciativa es que se detectó el abuso del esquema de excepción de licitación de obra, lo que permitió la discrecionalidad y la elusión de la responsabilidad de los funcionarios que la promovieron en el sexenio anterior”, destacó Antonio Altamirano.
