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Jaime GUERRERO
El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, Horacio Sosa Villavicencio, pidió al pleno del Congreso del Estado, autorización para instruir a la Secretaría de Asuntos Administrativos, el retiro inmediato de las placas conmemorativas que contengan los nombres del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y del ex presidente de la Gran Comisión Bulmaro Rito Salinas en la sede del Poder Legislativo de Oaxaca.
A través de un punto de acuerdo, el hermano de Flavio Sosa Villavicencio, ex preso político en el régimen de Ruiz Ortiz, por encabezar en el 2006, junto con un conglomerado de organizaciones sociales y el magisterio oaxaqueños, una revuelta socio-política para buscar la salida del ex mandatario, recordó que en el 2016, la Comisión de la Verdad entregó a la sociedad un informe titulado “Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca”.
Recordó que ese compendio, documenta y denuncia graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 2006 y 2007 durante el conflicto sociopolítico en la entidad. El informe precisa que en ese conflicto se impusieron intereses políticos para cometer las graves violaciones a los derechos humanos.
El entonces presidente Vicente Fox –apunta– actuó para dar salida a la crisis postelectoral que se vivía en ese momento, debido a que el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, había denunciado un fraude, y Felipe Calderón Hinojosa, aspirante del PAN, necesitaba del PRI para legitimarse.
El también coordinador de la bancada de Morena en la LXIV Legislatura, aseguró que como moneda de cambio, el Revolucionario Institucional pidió la protección para el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, responsable de la represión en Oaxaca.
En su informe, la Comisión de la Verdad reitera que Ruiz Ortiz es responsable de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de 2006-2007, derivadas de la ingobernabilidad, por lo tanto hay una responsabilidad de Estado.
Entre sus conclusiones menciona que a partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del gobierno estatal, con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que a la postre conformarían el movimiento social con un objetivo común: destituir a Ulises Ruiz Ortiz como gobernador. Y el gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales para contener la inconformidad generalizada.
Con el apoyo de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, el gobierno de Ruiz puso en marcha los operativos Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007).
Refirió que el informe, señala que de manera masiva y sistemática el Estado violó el principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales, además de que ejecutó detenciones arbitrarias y tratos crueles inhumanos y degradantes, e incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos.
Sosa Villavicencio, sostuvo que uno de los cómplices de Ruiz en ese proceso, fue el operador político Bulmaro Rito Salinas, integrante del equipo más cercano del entonces gobernador conocido como “la burbuja”.
Como presidente del Congreso, avaló la represión contra el movimiento social de 2006 y 2007. Después fue coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo (Coplade), desde donde manejó a su antojo el dinero del pueblo. El 10 de julio de 2014, agentes estatales de investigación detuvieron a Rito Salinas, acusado del delito de peculado por daño patrimonial en perjuicio del gobierno del estado. Días antes, la Contraloría local había informado que la administración estatal inhabilitó al político priista por dos periodos de 15 años.
Hoy, refirió el morenista, en el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan existen dos placas conmemorativas con el nombre del entonces gobernador Ruiz Ortiz, y una de ellas junto con el de Rito Salinas.
A su juicio, representa una afrenta a la memoria histórica del pueblo. La primera placa, de marzo de 2006, está ubicada en el exterior del edificio administrativo. La segunda a la entrada de este recinto.
Justificó que las placas conmemorativas no tienen razón de ser, pues la primera es por la entrega del Palacio Legislativo y la segunda por la entrega del recinto. En ambas se establece que fue el propio Ruiz Ortiz quien realizó dicha entrega, como si fuese una graciosa concesión de ese gobernante, y no hubiese sido realizada mediante la inversión del dinero del pueblo, y los presupuestos no hubiesen sido mandatados por el propio Congreso del Estado.
