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Jaime GUERRERO
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón, confirmó que siguen abiertas las investigaciones por el desvío de recursos, clonación de tarjetas y ayuda financiera que recibió la administración de Enrique Peña Nieto, para destinar personas de municipios afectados por los sismos del pasado 2017.
Para ello, se han enviado todas las observaciones al Órgano Interno de Control, a la Secretaría de Función Pública. Toda información relativa al proceso de reconstrucción, que la solicitado esa instancia se han entregado.
El funcionario federal, destacó que en un número importante de viviendas reconstruidas no se hizo un seguimiento técnico. Solo se entregaron tarjetas.
“Si se han encontrado irregularidades en cuestiones de tarjetas. Se ha dado la información a los órganos. Hubo duplicidades o algunos carecían de recursos”, apuntó.
Destacó que a través del sector privado que se integró en el llamado “Fuerza México”, colaboran y están en un proceso de análisis de los fondos correspondientes.
Por lo pronto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto mal uso de los recursos destinado a atender a afectados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017.
La ASF revisó 11 contratos de obra pública por 330 millones 064 mil pesos, adjudicados de forma directa a 10 proveedores de servicios. De los 11, uno corresponde a servicios prestados en Chiapas, por un monto de 130 millones 031 mil pesos, y los 10 restantes a Oaxaca.
La ASF analizó y verificó 11 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), emitidos por los proveedores por el concepto de retiro de escombro y lodos de viviendas, en los que el importe total suma 323 millones 580 mil pesos.
La diferencia de 6 millones 484 mil pesos permanece en las cuentas bancarias del FONDEN.
Sin embargo, la ASF detectó que la Sedatu registró como pagado un CFDI por 14 millones 491 mil 663 pesos, que en realidad aparece como cancelado en el portal del SAT, por lo que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por ese monto.
En la auditoría de cumplimiento financiero presentada ante el Congreso Federal, se encontraron facturas con comprobantes fiscales que aparecen cancelados en el portal del SAT, y cuyos pagos serían por lo tanto inviables; además de deficiencias en los medios financieros para dispersar los recursos y servicios cuya ejecución no se pudo comprobar.
Las instituciones involucradas en estos señalamientos son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, (Bansefi) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
Los probables desvíos de recursos se detectaron en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017.
La Sedatu, Bansefi y CONAVI se coordinaron para atender a la población afectada y realizar la reconstrucción de los daños por los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Entre las acciones que implementaron destacan: elaborar el censo de beneficiarios, la evaluación de daños, retiro, remoción y limpieza de escombros, asesorías técnicas y verificación de acciones de reconstrucción, así como dispersión de recursos a beneficiarios.
La Sedatu fue la encargada de instrumentar las acciones de limpieza de las viviendas en condiciones de ser habitadas.
